Para Durao “discutir de economía verde es discutir el capitalismo. Se cree que el capitalismo puede ser bueno. No existe una economía verde real, no existe un real capitalismo verde. Ejemplos de ello son la mercantilización de los bonos de carbono, pago por servicios ambientales-que no representan soluciones concretas reales. Es la continuidad del mismo capitalismo vestido de verde. Generalmente el discurso es seguir con la centralización, para acumular riqueza sobre la base de estas corporaciones”. Esta aparente disolución de la matriz capitalista deja de lado a millones de años de interacción humana con la naturaleza, ya que somos parte de un ecosistema, y se introduce en este contexto la idea de que todo lo que puede ser comercializado.

Una de las críticas a la llamada economía verde es precisamente el hecho de que es un modelo que la mercantilizará aún más la naturaleza, a través de los llamados “servicios ambientales”. “Esto es un error porque el modelo considera al bosque como un producto. Por ejemplo, el aire no se puede comprar. La idea es poner precio a todos los bienes naturales. No estamos de acuerdo con eso y debemos afirmar el carácter de estos bienes públicos, porque los recursos naturales pertenecen a la sociedad “, dice Ivo Lesbaupin, miembro del consejo ejecutivo de la Abong.

Lo que las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales defenderán en la Cumbre de los Pueblos es una reflexión sobre lo que es en realidad una economía verde y qué propuestas concretas ya están en marcha en todo el mundo. “Quilombolas, MST, Vía Campesina, etc. La expectativa es que podamos dar respuestas concretas a todos los pueblos “, dice Marcelo Durao. Como ejemplo, cita la reforma agraria, antigua bandera de los movimientos como el MST, “es un retorno de los trabajadores al campo. Sin embargo, el retorno tiene que ser completo, con condiciones reales. Lo que queremos demostrar es que nuestras propuestas presentan soluciones concretas a una nueva forma de vida”.

Para los nueve días de Cumbre, se contempla una programación que orientará la acción de las organizaciones participantes y hay una marcha programada para el 5 de junio, con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Rosilene Wansettos, la red Jubileo Sur y miembro del grupo de articular a la Cumbre de los Pueblos, dice que “la idea es que sea un momento de fortalecimiento. Es una agenda acordada y el 20 de junio también será un día de movilización global”.

Durante la semana de la Cumbre, las organizaciones de la sociedad civil realizarán debates, actividades auto-organizadas y reuniones. Ivo Lesbaupin explica que “el objetivo es discutir y explicitar con el máximo de claridad posible, las causas reales de los desastres ambientales que están ocurriendo y, a continuación mostrar sus impactos”.

Como se trata de un evento que tiene un rol crítico a Río +20 delante, uno de los desafíos es dar a conocer información sobre la Cumbre. “El acto oficial tendrá una cobertura mediática muy grande y el gobierno hará cualquier cosa para esta cobertura sea lo más amplia poosible. Nosotros, como Cumbre de los Pueblos, debemos utilizar todos los medios disponibles y la difusión al más alto nivel posible, publicar artículos y realizar manifestaciones “, dijo Lesbaupin.

Draft Zero Cero

Veinte años después de Río 92, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene, para esta próxima convención, un programa diseñado con las ideas y propuestas como alternativas al modelo de desarrollo actual. Sin embargo, en un análisis más detallado, el Draft Zero no parece proponer cambios importantes, además de mantener sus medidas paliativas políticas, manteniendo las políticas propias del neoliberalismo. Nada más allá de lo que ya se ha observado desde las primeras discusiones sobre el medio ambiente.

Los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y expertos de diferentes ámbitos han demostrado que en estos últimos 20 años, muchas cosas han empeorado en relación con el medio ambiente. El planeta está al borde del colapso. Con el proceso de globalización, que ha avanzado a pasos agigantados, quienes ya controlaban el poder financiero se han vuelto aún más poderosos.

Mientras las desigualdades sociales han aumentado de manera exponencial, los alimentos producidos por los grandes latifundistas están cada vez más sometido a los conservantes y otras sustancias tóxicas, los pequeños agricultores están perdiendo terreno cada año y el agua dulce está desapareciendo. De acuerdo al informe de los Recursos Forestales Mundiales 2010, de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), unos 13 millones de hectáreas de bosques son destruidas cada año en el mundo. Y después de la crisis financiera que estalló en 2007, se hizo evidente que repensar el modelo económico capitalista y el impacto de la relación entre la producción y el consumo en un contexto neoliberal, es una urgencia.

Bajo el título “Draft Zero – El futuro que queremos”, el documento de 17 páginas, insiste en que el término “economía verde”. Sin embargo, en ningún momento se explica lo que se entiende exactamente por economía verde. “El Draft Zero es un “caballo de Troya ‘, que aborda la naturaleza desde la mercantilización. No hay claridad sobre lo que es la economía verde “, dice Ivo Lesbaupin.

Autor del texto “La solución es la ‘economía verde’?” Lesbaupin alerta sobre el hecho de que el planeta está en un contexto de urgencia. “La humanidad está ahora rumbo a la no sustentabilidad, transformando rápidamente la tierra en inhabitable.” Como causas, el director de ABONG apunta a al aumento del dióxido de carbono y gas metano en estos doscientos años, y especialmente en los últimos treinta años. También menciona los principales agentes causantes de los impactos naturales, como la dependencia de los combustibles fósiles, el aumento desmedido de cabezas de ganado, rebeldes, lagos artificiales creados en las áreas de usinas hidroeléctricas y la destrucción de nuestros bosques.

El director de ABONG llama la atención sobre uno de los puntos más importantes de este proceso, que es ignorado por el Draft Zero: la relación entre producción y consumo.

AQUI LAS INSCRIPCIONES

Consideramos que el G-20 permanece en buena medida prisionero de la lógica neoliberal del libre comercio y el predominio de las finanzas globales desreguladas, alentando la imposición de ajustes estructurales nocivos, especialmente para los países en vía de desarrollo y los más débiles (Grecia es el ejemplo mas patético). El G-20 no logra tomar distancia de las “lógicas” de un modelo que se encuentra en plena debacle.

Entendemos, sin embargo, que es hoy en el espacio del G-20 donde se está dirimiendo un capítulo de la larga batalla por la gobernanza global. Resultan visibles las grandes contradicciones entre aquellos países del G-8 que buscan reafirmar y legitimar su dañado liderazgo y el grupo de países entre los cuales se encuentran Brasil y Argentina, que han modificado sus prácticas y su modo de ver las políticas económicas nacionales y regionales y el devenir global.

Reivindicamos a las Naciones Unidas – que aun necesitando reformas radicales – es el espacio más democrático y representativo para debatir, discutir y acordar las políticas macro y los problemas globales. El espacio del G-20 es -en contraste- un espacio impulsado en su origen por el G8, nacido al calor del neoliberalismo y de mera coordinación ante la presente crisis global, que no debería arrogarse roles que no le fueron concedidos por la comunidad internacional.

Teniendo esto en cuenta, esbozamos los principios sobre los cuales deberíamos trabajar de aquí en adelante para instalar los temas de mayor interés de nuestros pueblos en la agenda de la próxima cumbre del G-20:

1- Romper con el paradigma de la “flexibilización laboral” que se está intentando imponer en Europa (y se trataría, luego, de extender a nuestros países). Buscar, por el contrario, el pleno empleo, la accesibilidad al crédito por parte de los productores y las familias, y la articulación de los mercados internos y regionales que apunten al desarrollo sustentable con justicia social.

2- Lograr consenso para establecer una tasa regional a las transacciones financieras internacionales que sea regulada por organismos regionales, tales como UNASUR, para ayudar a proteger a los países de la especulación financiera (que termina por afectar las condiciones de vida de nuestros pueblos). Lograr que la América del Sur pueda ser declarada, en el más corto plazo posible, “zona libre de paraísos fiscales” y que las instancias se encaminen hacia esa dirección entre Argentina y Uruguay (para lo cual deben resolverse, de común acuerdo, las cuestiones pendientes al respecto con la República Oriental del Uruguay).

3- Promover el abandono de los instrumentos que sostienen el paradigma de valorización financiera y la lógica de financiarización de la economía global. En tal sentido, se alienta la regulación severa de los productos de la ingeniería financiera que sustentan las conductas especulativas del capital; el uso de derivados y futuros debe ser reglamentado en función de propender a la estabilidad financiera, impidiendo expansiones desmedidas que degraden su carácter convirtiéndolos en fuente de volatilidad, incertidumbre y perjuicios a la economía real. La evidencia muestra que esa carencia regulatoria perjudica más intensamente a los países de menor desarrollo y a los sectores más humildes de sus poblaciones.

4- Alentar la adopción de un conjunto de políticas públicas, además de las laborales, que conduzcan al desarrollo y la equidad social. Comprender que las decisiones clave son responsabilidad de las autoridades elegidas por los pueblos y no deben responder a “soluciones mercantiles”, resultantes de la mera fuerza de “los mercados”. Las decisiones globales vinculantes deben surgir –a su vez- del seno de las Naciones Unidas y no del G-20.

5- Enfrentar las crisis alimentaria y climática con un nuevo modelo agrícola orientado a garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias, con el debido cuidado de los recursos naturales y garantizando los derechos de la agricultura familiar. Rechazar toda utilización de los alimentos como factores de especulación de los mercados financieros y sus impactos sobre los precios y el hambre para los pueblos mas desfavorecidos, con un fuerte compromiso por erradicar la desnutrición infantil y materna.

Reafirmando, en consecuencia, a Rio+20 como el espacio de la ONU en donde se deben debatir las políticas sobre estos temas.

6- Encontrar mecanismos eficaces de industrialización sustentable, que puedan hacer frente a los desafíos que plantean la construcción de proyectos autónomos respecto de las lógicas de las corporaciones multinacionales, la monopolización de las tecnologías y uso de patentes, el proteccionismo del mundo desarrollado y la financiarización de la economía.

Proponemos un plan de trabajo a tener en cuenta por parte de las organizaciones sociales y el gobierno de la Nación Argentina, que procure:

a) Generar un amplio proceso de socialización de las discusiones acerca de los determinantes de la crisis global actual y la búsqueda de soluciones efectivas y duraderas a la misma.

b) Organizar seminarios y foros de discusión abiertos a toda la comunidad, para proponer y debatir sobre posibles tópicos a tener presente en la agenda de nuestro país, en la CELAC, la UNASUR y el G-20.

c) Promover la interacción más productiva posible con las organizaciones sociales de Brasil y México para conformar la agenda latinoamericana del G-20.

d) Impulsar que desde el gobierno argentino se generen mecanismos de integración regional en donde se discutan de manera colectiva los posicionamientos que planteen nuestros hermanos y hermanas brasileños y mexicanos para conformar una agenda binacional y regional en representación de nuestros pueblos. A su vez, generar los mecanismos para ampliar la agenda a los demás países de América Latina que no son miembros del G-20.

e) Exigir la facilitación del acceso a la información relevante sobre la participación del país en esos espacios y garantizar los mecanismos y los recursos necesarios para hacer efectiva la plena participación de las organizaciones en esos procesos.

f) Establecer un espacio de diálogo directo y permanente con el Gobierno Argentino, a los efectos de generar instancias de vinculación técnico – políticas con el gobierno y el Estado con la finalidad de impulsar las propuestas de nuestra agenda de transformación.

Por último, a la Coalición Mexicana Frente al G-20 le acercamos nuestra solidaridad y fuerza para continuar con la lucha por los derechos de todos los pueblos, imponiendo tópicos que no sólo abarquen los cambios socio-económicos estructurales necesarios, sino también las mejoras perentorias posibles en el bienestar de nuestros pueblos (incluída la cuestión central previa de garantizar el propio derecho a la vida).

 Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Argentina

 Enviar las adhesiones a:  jcarpio@inpade.org.ar

- La CID es, y debe ser tratada, como un bien público global dedicado al financiamiento del desarrollo y a la realización de los derechos humanos de todas las personas y a la superación de las desigualdades y de cualquier forma de exclusión.

- Las OSC somos actoras sociales del desarrollo y actoras políticas de los procesos de profundización de la democracia en nuestras sociedades que, cuando contamos con condiciones adecuadas en el entorno, contribuimos con nuestra acción al enriquecimiento de agenda pública, al empoderamiento de los grupos sociales para la realización de sus derechos, al control de los bienes públicos incluidos aquellos provenientes de la CID y a la sostenibilidad de los procesos en marcha.

- La cooperación con países de renta media debe transformarse pero debe continuar, lo que implica reconocer que la pobreza, la desigualdad y la exclusión, donde quiera que geográficamente se ubiquen son problemas que atañen a toda la humanidad y por tanto al sistema de la CID.

- El fortalecimiento de las OSC debe constituirse en un propósito central de los procesos de desarrollo y de la CID en su conjunto. Es crucial acordar que cualquier proyecto o acción con propósitos de desarrollo que se ejecute en un territorio,debe incluir el fortalecimiento del tejido organizativo de ese territorio como parte de sus indicadores de éxito.

- La atención a la equidad entre los géneros y los derechos de las mujeres, incluido el fortalecimiento de sus organizaciones y redes, ha emergido como un acuerdo generalizado entre las OSC de la región que se ubica en el primer nivel de prioridad.

Y esto, es tanto un mensaje para los actores públicos, como para la CID y las propias OSC.

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Para conocer la experiencia del CESE, analizar las posibilidades de tener un consejo similar y poner en la mesa la mirada desde la sociedad civil chilena sobre el actual proceso político que vive el país, el 2 de septiembre ACCIÓN organizó un diálogo con el Comité. Durante 20 años Chile tuvo una imagen internacional de país exitoso, pero cada vez con más fuerza se ha ido develando que este modelo está fundado en la desigualdad y en la exclusión de la sociedad civil de la toma de decisiones. ACCIÓN viene denunciando desde hace años esta situación a nivel internacional.

Martín Pascual, presidente de ACCIÓN, explicó que “el actual marco institucional está agotado en Chile y que no logra acoger la demanda de más participación. Nuestro país se encuentra entre los 15 más desiguales del planeta y sin un nuevo pacto social no se puede seguir avanzando”.

Francisco Silva, consejero del CESE, llamó la atención respecto a que Chile no cuente con una instancia como el CESE. “La democracia no se agota en las elecciones. Si el pueblo va a la calle es porque no encontró en sus instituciones un espacio para ser escuchado”.

“En Europa y en todo el mundo estamos en un momento de transición. Nunca se ha hablado tanto de democracia participativa como ahora”, dijo José María Zufiaur, consejero del Grupo de Trabajadores del CESE. Zufiaur explicó además que el CESE es parte del proceso de discusión legislativa y por lo tanto el Comité no sólo es consultado sino que también cuenta con financiamiento para que pueda funcionar.

En el marco del acuerdo Chile- UE, hay interés del CESE de tener una relación más permanente con la sociedad civil chilena. ACCIÓN planteó la necesidad de contar con un mecanismo institucional de participación de las organizaciones de la sociedad civil, del interés que estas tienen en generarlo, el que coexiste con una falta de voluntad política para concretarlos por parte de los sectores que tienen el poder.

El CESE está encargado de realizar un dictamen donde tomará en cuenta las opiniones surgidas en esta reunión.

“Há várias empresas de fachada; portanto, devemos acabar com as empresas.”

“Há vários governos corruptos; portanto, devemos acabar com os governos.”

A primeira parte das frases acima é verdadeira. No entanto, raramente seus autores sugerem como consequência a segunda metade: pôr fim ao Parlamento, às empresas, aos governos. Não é raro, porém, que comentaristas tirem essa conclusão a respeito das ONGs: “Se há ONGs corruptas, devemos acabar com elas”.

Frente à revelação de casos de corrupção no Parlamento ou no governo, ninguém cogita voltar à ditadura -período, aliás, em que também houve muita corrupção. A fim de enfrentar essa deturpação do sistema político, os cidadãos se organizam para exercer o controle social da esfera pública. Em primeiro lugar, fazendo funcionar as instituições e os dispositivos existentes: a Controladoria-Geral da União, a Polícia Federal, a exigência de transparência quanto ao Orçamento e aos gastos públicos.

Mais recentemente, propuseram-se leis para atender ao clamor popular: a Lei 9.840, em vigor há dez anos, a Lei da Ficha Limpa e, agora, a proposta de reforma política, visando a democratizar eleições e campanhas e a permitir maior participação dos cidadãos nas decisões fundamentais que dizem respeito à sua vida.

Do mesmo modo se deve agir em relação às chamadas organizações não governamentais. Em levantamento de 2002 repetido em 2005, o IBGE, em parceria com o Ipea e com o apoio da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), constatou a existência de 338 mil organizações sem fins lucrativos no Brasil: aí se incluem desde entidades de defesa dos direitos humanos, do consumidor, do meio ambiente, de luta contra a discriminação e a corrupção até associações de bairro, grupos culturais, hospitais e creches.

Há anos,a Abong defende a criação de um marco regulatório para as entidades sem fins lucrativos, a fim de que seu trabalho seja reconhecido e de que elas possam, legitimamente e com transparência, ter acesso a recursos públicos quando sua atividade for um serviço público -como ocorre na maioria dos países desenvolvidos.

A presidenta Dilma Rousseff assumiu compromisso neste sentido. A Abong defende que a utilização desses recursos seja submetida a controle dos órgãos públicos responsáveis. Isso, no nosso caso, até já é feito. A maior parte de nossas entidades submete anualmente suas finanças a auditoria externa, por exigência das instituições financiadoras.

E, contrariamente ao que se tem propalado, nossas associadas têm sofrido sérias dificuldades financeiras, muitas delas fechando as portas nos últimos anos.

Ou seja: para as entidades criminosas, de fachada, se deve utilizar a lei e, conforme o caso, a polícia. Mas, por favor, deixem as entidades sérias trabalharem.

IVO LESBAUPIN é sociólogo, coordenador da Iser Assessoria e membro da diretoria executiva da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong).

En su intervención en la Asamblea de CIVICUS, Leo Williams, Coordinador Internacional de Beyond 2015 remarcó que “existen una serie de opciones para una agenda post-2015: una extensión del mandato de los ODM, la adopción de una versión revisada de los ODM, un marco absolutamente diferente, o la inexistencia de todo marco. Con independencia de la opción por la que se opte, debemos asegurarnos de que el proceso de desarrollo de un nuevo marco sea participatorio, inclusivo y tome en consideración las voces de quienes sufren directamente la pobreza y la injusticia”.

Lysa John, Directora de Campaña Global Call to Action Against Poverty (GCAP), señaló que “desde ahora y hasta finales de 2015, trabajaremos mano a mano en vistas a desarrollar una agenda global inclusiva y coherente, y para emprender las actuaciones necesarias para influenciar las posiciones de los gobiernos nacionales y las Naciones Unidas. Asimismo, hacemos un llamamiento al Secretario General de las Naciones Unidas para que asuma personalmente el liderazgo de la agenda post-2015”.

Algunos puntos destacados del comunicado incluyen:

 · Un nueva visión profundamente basada en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y que hace uso de éstos como parámetro de responsabilidad;

 · Una nueva visión universal en su aplicación tanto en el norte como en el sur y que se ocupa de la redistribución de la riqueza;

 · Una nueva visión holística que trabaja en materia de derechos humanos, desigualdad, justicia de género y sostenibilidad medioambiental;

 · Una nueva visión que empodera a las comunidades sobre el terreno para defender sus derechos.

 La versión íntegra del Comunicado de Montreal puede encontrarse en http://www.beyond2015.org/sites/default/files/Montreal%20Communiqu%C3%A9_SP.pdf

¿Cómo surge este documento?, ¿cuál es el proceso que está detrás? La construcción del Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC ha tenido varias etapas y se basa en el contenido generado en las consultas nacionales, regionales y temáticas en todos los continentes.

“Las organizaciones de la sociedad civil como actores del desarrollo son profundamente afectadas por el contexto en el que trabajan. Las políticas y prácticas de todos los gobiernos, incluso cuando ellos actúan como donantes, afectan y dan forma a las capacidades de las OSC para involucrarse en el desarrollo. El progreso en la puesta en marcha de los Principios de Estambul en la práctica de las OSC, depende en gran medida de las políticas gubernamentales de apoyo, leyes y reglamentos compatibles con los Principios de Estambul”, señala el documento.

El marco internacional para la eficacia de las OSC es una declaración de la sociedad civil mundial en torno a principios, directrices y condiciones externas que deben asegurar los gobiernos y los donantes para la eficacia del desarrollo de las OSC. Con esto culminan dos años de trabajo que consolidar los puntos de vista de la sociedad civil en torno a su propia eficacia como actores del desarrollo y el entorno favorable necesario para realizar su trabajo.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden utilizar este documento para argumentar respecto a las condiciones que debe tener un ambiente favorable para su trabajo y los mecanismos que los gobiernos deben facilitar en ese sentido, entre otros.